“El oficio de Presidente se aprende sólo siendo Presidente. Puede uno llegar con preparación y proyectos al ejercicio del poder. Pero muy pronto la riqueza de la realidad desborda todos los esquemas.”

José López Portillo

Un 17 de septiembre de 1975 el presidente Luis Echeverría llamó a acuerdo a su secretario de Hacienda y gran amigo de toda su vida José López Portillo, estaba cerca la revisión de la cuenta pública y la presentación del presupuesto, así que López Portillo pensó que el acuerdo sería para eso y se llevó todos los documentos del tema, que por su volumen tuvo que acomodar en un montacargas.

La reunión sería muy especial, unos días antes, sin previo aviso el presidente Echeverría le había enviado a su responsable de Información y Relaciones Públicas Fausto Zapata para que se encargara de los procesos de comunicación de la Secretaría de Hacienda, López Portillo intuyó que eso significaba que él sería el elegido para ser el candidato del PRI y próximo presidente de la República.

Sentados en la oficina presidencial, los grandes amigos, tocaron brevemente el tema de la cuenta pública y al final Echeverría hizo una pausa se paró de su asiento e invitó a López Portillo para que se sentaran en forma más familiar en otro sillón de su oficina, ahí frente a frente el presidente señalando la bandera que estaba en un vitrina le dijo: “Señor licenciado López Portillo, el Partido me ha encomendado preguntarle si aceptaría usted la responsabilidad de todo esto”, haciendo un gesto que parecía envolver todo lo que implicaba el poder ejecutivo federal. “Si, señor Presidente. Acepto”(i).

“Bien”, le contestó. “Entonces prepárese usted, pero no se lo diga a nadie, ni a su esposa ni a sus hijos. Ya lo llamaremos, cuando el Partido concluya la organización y los sectores se pronuncien públicamente.” Según sus memorias se despidió con un “fuerte apretón de manos de mi viejo amigo…” (ii)

A diferencia de Echeverría que tenía una larga carrera política recorriendo todos los escalones del poder de esa época, López Portillo por su parte había llegado tarde al gobierno y de la mano de su gran amigo había llegado a ser director de la Comisión Federal de Electricidad y luego Secretario de Hacienda, en más de un sentido, además de la amistad que los unía, su crecimiento político se lo debía todo a Echeverría.

Considerando su corta carrera López Portillo no tenía luz propia, sino que claramente, su poder derivaba de su cercanía con el presidente. Por ello, cuando lo destapó como candidato del PRI a la presidencia, mucha gente pensó que era una forma en la que Echeverría podría mantenerse en el poder seis años más, en una especie de nuevo “maximato”.

Apenas destapado López Portillo, Echeverría le nombró a Porfirio Muñoz Ledo y a Augusto Gómez Villanueva (gente muy cercana a él) como presidente y secretario general del PRI quienes conducirían su campaña. En una entrevista que le hizo Jorge Castañeda le preguntó: “¿Usted no sintió un empeño de Echeverría por conservar parte del poder?” a lo que contestó “Bueno, de alguna manera cuando, me designa al presidente, al secretario y al presidente del DF de mi partido… […] En su política el aconsejaba de una cierta manera, y yo aceptaba, ya en su momento vería la oportunidad y establecería la mía.”(iii)

López Portillo negaba que Echeverría quisiera seguir ejerciendo el poder a través de él y no hizo nada al respecto, pero, en la entrevista con Castañeda señalaba que “conforme pasó el tiempo me di cuenta de que el presidencialismo tenía una regla implícita: romper para estabilizar…” (iv)

Aquí es importante recordar tres cosas: a) que desde 1929 echando mano de las diversas formas de fraude electoral, los candidatos del PRI habían ganado las elecciones presidenciales, de senadores, gobernadores y prácticamente todas las de diputados federales y locales y presidentes municipales; b) Que López Portillo había sido candidato único a la presidencia sin ninguna oposición, lo que por un lado le facilitó la victoria pero también deslegitimó su triunfo porque evidenció la simulación democrática que había en México; y c) que el movimiento estudiantil de 1968 y su posterior represión estaban llevando a muchos activistas a proponer y practicar la vía armada como respuesta a la cerrazón del régimen amenazando la estabilidad social y política.

Consciente de ello, López Portillo nombró a Jesús Reyes Heroles como Secretario de Gobernación y le encomendó la reforma política que abriría el sistema a los partidos de oposición, como válvula de escape de la presión política que había.

Reyes Heroles además de conducir la reforma política le informaba al presidente de las actividades del expresidente Echeverría (que había fundado un Centro de Estudios del Tercer Mundo como plataforma de su trabajo como expresidente) que actuaba como si siguiera en el poder y a través de Porfirio Muñoz Ledo que había sido nombrado Secretario de Educación y de Augusto Gómez Villanueva que era diputado federal, operaban políticamente para el expresidente. En sus memorias López Portillo escribió: “Empieza un foquito ámbar con Luis Echeverría. Lo lamento mucho. No desearía que pasara a mayores. Ojalá él entienda que ya no es responsable de este país. Reyes Heroles me informa muy negativamente. Se queja de Muñoz Ledo y de Gómez Villanueva.” (v)

Sin embargo, el asunto del “Maximato” rondaba en la opinión pública lo que preocupó a López Portillo porque sentía que lo debilitaba y lo enfrentaba con su amigo y mentor el expresidente Luis Echeverría: “Eran constantes y copiosos los informes negativos que me pasaba Reyes Heroles, con lo que se iba formando un área de desconfianza muy desagradable… […] La regla fatal del Sistema que llevaba al enfrentamiento con el ex, empezaba a funcionar. Mucha gente se movía en torno a Echeverría, mucha gente que hablaba e intrigaba y que pregonaba tener línea para inconformarse. Empezaba a tomar cuerpo el cuento del “Maximato”. “Como quiera que sea, empezaba a crearse una apariencia política estorbosa para el óptimo manejo de la imagen presidencial y de ello era yo consciente.” (vi)

¿Cómo podía un presidente con el estigma de ser solamente el títere de su antecesor llevar a cabo la trascendente reforma política que se había planteado? No debe olvidarse que Echeverría era Secretario de Gobernación cuando fue la represión de Tlatelolco y eso podía deslegitimarlo como interlocutor del diálogo con el Partido Comunista y otras organizaciones de izquierda. Tanto López Portillo como Reyes Heroles necesitaban legitimidad para negociar.

El 1 de abril de 1977, apenas cinco meses después de entrar en funciones el nuevo gobierno, López Portillo autoriza a Reyes Heroles a iniciar la Reforma Política con un discurso pronunciado en Chilpancingo donde propuso “que el Estado ensanche las posibilidades de representación política” captando “en los órganos de representación nacional el complicado mosaico ideológico nacional…” (vii)

El 8 abril López Portillo haciendo un esfuerzo sicológico personal se decide a hablar con Echeverría “Tuve que vencer mi propia naturaleza para hablar con mi amigo.” Y le propuso que se fuera de México, en la entrevista que le hizo Jorge Castañeda recuerda lo que le dijo a Echeverría “Mi hermano, por razones esta y estas te voy a pedir que salgas del país a donde quieras. Ayúdame, ayúdame porque es un factor de ingobernabilidad con el que me vas a ayudar; tu personalidad, tu inercia, el movimiento de tu gente está haciendo que se me dificulte la gobernación de este país.” (viii)

En sus memorias López Portillo también recuerda: “… mi inexperiencia en la política pura a la mexicana, ha proyectado […] la imagen de su influencia: nombramientos de gente suya, parientes; asunto del “Maximato”; por las actividades del Centro de Estudios del Tercer Mundo, y la insidia, la idea de que interviene. En razón de que debo tomar decisiones radicales, necesito tomar el poder y ello no solo real, sino aun el de apariencia, por lo que es mi obligación tomar todas las medidas.”(ix)  Más adelante escribe Él se disciplina […] el régimen presidencialista de México es interesantísimo.” Y cierra “Esta conversación con Luis, fue un manejo puramente político, básicamente en razón de apariencias.” (x)

El 14 de abril, Echeverría le anunció que se iba de México “Desagradable decisión la de pedirle su ausencia.” Ese mismo día López Portillo anunció las primeras liberaciones de presos políticos y lanza la reforma política. Entre el 28 de abril y el 21 de julio se llevaban a cabo 12 audiencias públicas donde partidos organizaciones, funcionarios, etc., expresan sus opiniones sobre la lo que se necesita reformar, destacadamente Heberto Castillo del Partido Mexicano de los Trabajadores pidió establecer la representación proporcional en la Cámara de Diputados para que “el número de diputados de representación proporcional de un partido correspondiera al porcentaje de votos obtenidos en la elección” (xi)

Finalmente, el 6 de octubre de 1977 (10 meses después de tomar posesión) el presidente López Portillo a través de su secretario de Gobernación Jesús Reyes Heroles presentó una iniciativa para reformar los artículos 6, 41, 51, 52, 53, 54, 55, 60, 61, 65, 70, 73, 74, 76, 93, 97 y 115 constitucionales para implementar la Reforma Política que se considera un momento clave de la transición democrática de México y la herencia más positiva de la presidencia de José López Portillo.

En la exposición de motivos López Portilllo y Reyes Heroles señalaban: “La Iniciativa dispone que se elijan, además de los 300 diputados de mayoría, hasta 100 por el sistema de representación proporcional. Mediante éste último se garantiza que a la cantidad de votos obtenidos por los partidos corresponda en equitativa proporción el número de curules a que tengan derecho. Con esta fórmula se hace más adecuado el acceso de las minorías a la Cámara de Diputados y es, sin duda, más justa, objetiva y realista que el actual sistema de diputados de partido.” (xii)

Aunque López Portillo era tan cercano a Echeverría, se dió cuenta y tuvo el valor de tomar el poder y ejercerlo en su presidencia eliminando cualquier influencia de Echeverría, incluso pidiéndole que dejara el país “romper para establizar” y eso permitió que se aprobara una Reforma Política historica y trascendente para el país.

Claudia Sheinbaum 

Claudia Sheinbaum es por convicción y por lealtad fiel seguidora de López Obrador, y está siendo exageradamente consecuente con esa postura, por estrategia o por convicción está haciendo lo que López Obrador le dice sin ningún atisbo de independencia, eso la debilitará enormemente.

Las reformas del Plan C pueden ser aprobadas, si el espíritu de la Reforma Política de 1977 (y todas sus secuelas) se viola, es decir, en palabras de Heberto Castillo líder histórico de la izquierda “que el número de diputados de representación proporcional de un partido correspondiera al porcentaje de votos obtenidos en la elección”.

Pero además, esa reforma será una herencia maldita para todo el sexenio de Claudia Sheinbaum (si es que sobrevive a la revocación de mandato) porque los inmensos problemas que generará una reforma sin legitimidad de quienes la aprobaron y de quienes la implementarán y la sospecha fundada de “máximato” debilitarán su capacidad política y la gobernabilidad del país.

No debe aprobarse el Plan C antes de que Claudia Sheinbaum tome posesión como presidenta de la República, en su sexenio – como en el de López Portillo – con la legitimidad que tiene podría discutirse el Plan C y otras muchas más reformas que necesita el país, pero no como una imposición “machista” y prepotente de López Obrador a la primera mujer presidenta de México.

López Portillo tuvo el valor de deshacerse de Echeverría, ¿Sheinbaum tendrá el valor, o cuando ya quiera tomar el poder será demasiado tarde porque el Plan C estará aprobado y entorpeciendo el adecuado flujo de su sexenio? ¿Deveras querrá cargar con esa herencia?

En su primer informe de gobierno López Portillo dijo con toda claridad:

“Hace poco más de cuatro décadas, México dejó de ser país de caudillos para convertirse en nación de instituciones. Una de ellas es la Presidencia de la República. […] Como Presidente atiendo el sentir de la nación y escucho opiniones de mis colaboradores e incluso de aquellos que al gobierno se oponen. … Es más, con frecuencia las promuevo; pero como Jefe del Ejecutivo Federal no puedo aceptar presiones. … En las cuestiones de mi competencia sólo yo he decidido, decido y decidiré. … Si ha dado aciertos, ese es mi compromiso, si errores, mi responsabilidad.” (xiii)

En sus memorias recuerda ese primer informe con orgullo “Creo que salió bien” sin embargo, le desconcertó que los medios le dieran mas importancia a las cuestiones del “maximato” echeverrista pero lo entiende: “…no tiene remedio, en México y en política, como en Roma con la mujer del César, parecer es, en buena medida, ser.” (xiv)

“Romper para estabilizar”.

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  (i) López Portillo, José. Mis Tiempos: Biografía y Testimonio Político. Ed. Fernández Editores 1988 pp.399

La entrada Maximato y Plan C: Un dialogo entre José López Portillo y Claudia Sheinbaum se publicó primero en Universidad Francisco de Paula.

En 1993, a unas cuantas cuadras del famoso Parque Central de Nueva York (una de las zonas mas caras del mundo), se inauguró un juzgado especializado en delitos menores denominado “Juzgado Comunitario del Centro”. Este juzgado inició como un experimento entre la fiscalía, el poder judicial, la defensoría y el gobierno municipal para atender la famosa “Puerta Giratoria” es decir, el gran número de delincuentes que eran detenidos por delitos menores o “que afectan la calidad de vida” y que rápidamente eran liberados y volvían a delinquir en poco tiempo.

El experimento de este juzgado, buscaba básicamente reducir estos delitos en el centro de Manhattan – esa zona altamente turística – resolverlos rápidamente y promover que en lugar de penas de prisión muy cortas que devolvían a los delincuentes a las calles en poco tiempo, buscaran formas diferentes de atenderlos; sí tenían alguna adicción darles tratamiento, sí estaban en la indigencia ofrecer servicios sociales o, en todo caso, que pagaran su delito con trabajo comunitario, todo con el fin de restaurar la convivencia armónica en una zona del mundo donde conviven los extremos de la opulencia y la indigencia.

En esa época, el proyecto costaría 1.1 millones de dólares sin embargo, la judicatura de Nueva York consiguió 2.5 millones de la iniciativa privada, medio millón del gobierno municipal y 1.6 millones de ayuda federal orientada al tratamiento de adicciones.

El proyecto logró dos cosas que parecían irreconciliables, por un lado, redujo sustancialmente la criminalidad y por el otro el número de personas que iban a la cárcel, es decir, menos delitos y menos gente en la cárcel. Derivado de este exitoso experimento, el Poder Judicial de Nueva York creó el Centro para la Innovación en la Impartición de Justicia que ampliaría el programa y reformaría a todo el sistema de justicia.

La gran innovación de este proyecto – que sigue vigente e innovando – se sostiene en dos pilares; a) la rapidez del proceso y, b) la sanción no debe ser la cárcel sino el trabajo comunitario, el tratamiento, la capacitación, es decir, la restauración armónica de la convivencia (en delitos considerados menores) sin dejar de asumir la responsabilidad de la comisión del delito.

A partir de 2016, siendo quien esto escribe Comisionado de Seguridad de Morelia y en contra de los deseos del gobierno del estado, el municipio asumió su facultad de procesar las faltas administrativas y transformar la inefable “barandilla” en un sistema de justicia restaurativa que denominamos “Justicia Cívica” y que estaría inspirado en este experimento neoyorkino y en la Corte Municipal de San Antonio, de la que hablaremos en otra entrega.

Gracias al éxito del experimento moreliano, muchos municipios lo han ido adoptando y el Consejo Nacional de Seguridad Pública aprobó el Modelo Homologado de Justicia Cívica y el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica para implementarlo en todo el país. Al mismo tiempo se aprobó una reforma constitucional para expedir una Ley General de Justicia Cívica que está pendiente de aprobación en la Cámara de Diputados.

Sin embargo, el mayor problema que enfrenta este proyecto es que solo atiende “faltas administrativas” es decir las infracciones a los reglamentos municipales de orden y de tránsito, pero deja de lado los delitos menores. Estos ahora son “atendidos” en las áreas de mecanismos alternativos de solución de controversias ¡de las fiscalías! Que han convertido al Ministerio Público en una especie de “juez civicote exoficio”.

En esta época en que las reformas punitivas y de “populismo penal”, como el aumento de penas y de prisión preventiva oficiosa y justificada, estamos buscando la reforma para involucrar al Poder Judicial a la justicia cívica-restaurativa y lograr como en la experiencia de Nueva York; reducir el delito y también… el número de personas que están en la cárcel, porque no habrá paz sin justicia.

La entrada De la Justicia Cívica a la Justicia Restaurativa se publicó primero en Universidad Francisco de Paula.

El 18 de junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una adición al artículo 17 constitucional que señala lo siguiente:

“Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial.”

La idea detrás de esta reforma tenía tres objetivos principales: a) privilegiar la reparación del daño a las víctimas de ciertos delitos en lugar de meter a los culpables a la cárcel que mas que centros de reinserción funcionaban mas como escuelas del crimen; b) despresurizar al sistema de justicia (particularmente a las fiscalías) evitando utilizar sus recursos humanos, materiales en investigar y perseguir delitos de poca gravedad y resolverlos a través de acuerdos entre la víctima y el victimario -como señalábamos – a través de la reparación del daño; y c) a través de mecanismos como la mediación, la conciliación o las llamadas juntas restaurativas,  lograr no solamente la reparación del daño sino también restaurar la convivencia social y la “recomposición del tejido social”.

En esa misma reforma, también se modificó el artículo 21 constitucional para que las sanciones por faltas administrativas, por infracciones a los “reglamentos gubernativos y de policía” incluyeran no solamente la multa o el arresto, sino también el trabajo en favor de la comunidad, en la misma lógica de una justicia orientada más a la restauración de la convivencia que al castigo.

La aplicación de la justicia restaurativa tiene sus limitaciones en los delitos de mayor impacto en la sociedad que – hasta ahora- son sancionados exclusivamente con largas penas de prisión. Bajo esta premisa, el artículo 187 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) establece los casos en que se puede aplicar; a) en los delitos que se persiguen por querella o que admiten el perdón de la víctima; b) en los delitos culposos; y c) en los delitos en contra del patrimonio de las personas en los que no haya habido violencia.

De acuerdo, al Código Penal de Michoacán hay por lo menos 74 delitos o modalidades de delitos (de 110) que admiten este tipo de justicia que se traduce en los llamados “Acuerdos Reparatorios” que se celebran entre la víctima y el imputado y donde se establece la forma de reparar el daño, al mismo tiempo deben ser aprobados por el Ministerio Público antes de que una persona sea vinculada a proceso y por el Juez después de ser vinculada.

En su informe del primer semestre de 2021, la Fiscalía General del Estado (FGE) señala que de las 24,840 carpetas de investigación que inició, 8,811 (51%) se fueron a la reserva o al no ejercicio de la acción penal, de las 16,029 restantes 7,050 (27.9%) se enviaron a mediación, de las cuales derivaron 3,465 “acuerdos reparatorios” aprobados por el Ministerio Público.

Considerando estos datos la principal solución que empleó la FGE para darle salida a las carpetas de investigación (además del archivo y el no ejercicio) fue la mediación y la aprobación “acuerdos reparatorios”.

La Justicia Restaurativa no se aplica solamente en materia penal sino que es un patrimonio de la llamada Justicia Cívica que sanciona de manera muy efectiva y ágil las faltas administrativas que se cometen contra los reglamentos municipales y que incluyen la reparación del daño y la restauración de la convivencia.

En este contexto y considerando la carga de trabajo de los ministerios públicos valdría la pena preguntarse, ¿si todos esos delitos que permiten los “acuerdos reparatorios” no deberían convertirse en faltas administrativas para ser procesadas en la justicia cívica y despresurizar a la FGE para que se concentrara en los delitos que mas afectan a la sociedad?

¿No estaremos convirtiendo al Ministerio Público en un Juez Civicote y al Código Penal en un catálogo de faltas administrativas?

La entrada Ministerio Público o “Juez Civicote”: Delitos o faltas administrativas se publicó primero en Universidad Francisco de Paula.

La entrada La Lenta Agonía del Sistema Inquisitivo: Brandon Mayfield y el caso de Alejandra Cuevas Morán se publicó primero en Universidad Francisco de Paula.